La rebelión fiscal de origen rural lejos de mostrar la inviabilidad del actual régimen de acumulación demuestra límites coyunturales que requieren cambios en el modo en que se regula el crecimiento. En la presente nota se analizan los rasgos centrales del actual modo de regulación y se trata de desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola.
Por Pablo Lavarello – Leonardo Perichinsky – Miguel Zanabria
Investigadores del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación – Universidad Nacional La Plata.
Fuente: Revista Entrelíneas Nº 10 – Mayo 2008
Publicado en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2401
viernes, 30 de mayo de 2008
jueves, 22 de mayo de 2008
Revista Entrelíneas de la Política Económica Nº 10
En la edición N°10 de la revista “Entrelíneas de la Política Económica” continua en el centro del debate el conflicto desatado a partir de la rebelión fiscal de origen rural. En la editorial se realiza un análisis que parte de preguntarse por los trasfondos de esta situación. Para avanzar en el entendimiento de la realidad actual del sector agropecuario se requiere repensar las nuevas formas de capitales financieros que se evidencia actualmente en el sector. Teniendo en claro esta nueva modalidad de operar del capital financiero es que podremos empezar a plantear algunas hipótesis (tentativas) de viejos y nuevos actores que parecen delinear una nueva lógica “rentista” en el sector. En la siguiente nota se discute el régimen de acumulación actual desde una óptica que intenta desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola. En la tercera nota se analiza el impacto de los precios internacionales sobre las principales economías de la región, para evaluar qué países han aprovechado mejor la actual coyuntura internacional. Por último, en esta edición inauguramos una sección con notas de invitados especiales. En este caso, Alejandro Otero, escribe sobre federalismo fiscal.
Ver edición completa en http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/
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miércoles, 26 de marzo de 2008
Retenciones a los granos: cuando la historia cuenta
Las retenciones son el único instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco regulatorio e institucional del país. Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos. El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años ’90, dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los precios internacionales. En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado.
Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo de las cadenas agroindustriales diversificadas. Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “ordenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de Juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.
La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares, que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron desmantelados durante los años ‘90. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Campora. El resto de las funciones, mantenidas hasta los años ’90, fueron sin embargo cruciales para la organización del sector, y generaron importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así mejores precios frente a la industria. Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por manejo de precios en distintas épocas del año.
No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el desmantelamiento de las Juntas). Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones móviles.
Es interesante comparar esta actitud con la de los productores australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, quienes no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.
Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno frente a una historia de abandono del control democrático sobre el acceso a la alimentación y a la divisas. Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las entidades del campo son responsables. En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.
La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una posible reducción de los precios internacionales tras la desaceleración de la economía mundial. A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles generaron una disminución en el monto del impuesto.
Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por este cultivo. Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por otras producciones.
En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la descommoditización. Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de los representantes del campo en este camino. Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados.
Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas para los productores pequeños de las zonas marginales, Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:
1. Complementar las retenciones con transferencias directas a los productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos más allá de la soja. Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del impuesto.
2. Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre la rentabilidad de los pequeños productores. Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de los granos al productor. Institución que debe encarar una activa política estratégica de diferenciación de granos.
3. Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de los grupos concentrados.
4. Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como ganancias y bienes personales.
Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el apoyo de los pequeños y medianos productores. El 50% de la tierra está en manos de 5000 productores, sólo mil poseen el 33% de las hectáreas cultivables. El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores concentrados a la hora de venderle sus productos. La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.
Por CIEPYC
domingo, 16 de marzo de 2008
Política y retenciones
Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.
A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.
Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.
No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.
Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.
Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.
La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.
La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.
A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.
Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.
No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.
Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.
Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.
La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.
La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.
Por Marcelo Zlotogwiazda
domingo, 30 de diciembre de 2007
Es el Estado, estúpido
Néstor Kirchner dejó un país menos desigual que cuando asumió pero no muy diferente en términos de equidad que a mediados de la convertibilidad. Tomando como parámetro el coeficiente de Gini (un indicador que en un extremo tiene valor cero si todos ganan lo mismo y en la otra punta vale uno si todo el ingreso lo concentra un individuo), el último dato elaborado por el Indec marca 0,49 para el primer trimestre de este año, mejor que el 0,55 de mediados de 2003, pero similar al coeficiente de 1996 y 1997. Es indiscutible que en este terreno se ha avanzado con demasiada lentitud. Y salvo minorías muy retrógradas, todo el resto coincide en que el Estado juega un rol clave para acelerar el paso en la redistribución.
Llegado a este punto, el primer problema que aparece es que el Estado tal como está resulta casi totalmente ineficaz. Según un estudio publicado el año pasado por tres economistas del Banco Mundial –Edwin Goñi, Humberto López y Luis Servén–, el coeficiente Gini antes de impuestos y beneficios sociales es sólo apenas un poco más elevado que el que surge tomando en cuenta la política fiscal (0,500 vs. 0,481 para el período considerado). En otras palabras, la acción del Estado atenúa la desigualdad muy levemente.
El trabajo titulado Reforma fiscal para la equidad social en América latina muestra que ésa no es una característica original de la Argentina sino común a toda la región: el cobro de impuestos y el gasto en beneficios sociales reduce el Gini promedio de América latina de 0,516 a 0,496, un recorte ínfimo.
Ese mismo estudio revela el contraste con el Primer Mundo. El Gini promedio de los quince países europeos más desarrollados es 0,459, que tras la intervención estatal con impuestos y transferencias baja a 0,311. Una caída de 15 puntos, que más que septuplica el mísero aporte de 2 puntos de los Estados latinoamericanos.
Es interesante notar que la desigualdad europea previa a la injerencia estatal no es significativamente menor que en América latina. Y en algunos casos se acerca mucho: Portugal tiene un Gini de 0,494, Dinamarca 0,486, Italia 0,475 y España 0,468; la diferencia está en que los impuestos y beneficios reducen el Gini a 0,381, 0,285, 0,374 y 0,348, respectivamente.
Es el Estado, estúpido
A primera vista, esos números desafían la idea de que la estructura productiva relativamente más concentrada y menos diversificada que en Europa es determinante en la explicación de la mayor desigualdad social. Una hipótesis incómoda y provocativa que merece análisis de expertos.
También cabe preguntarse sobre la causalidad. ¿Los Estados europeos aportan igualdad porque se trata de países desarrollados, o son países desarrollados porque, entre otras cosas, el Estado favoreció la equidad?
En todo caso, la meta del desarrollo requiere de un Estado diferente y una parte esencial de ese cambio pasa por la reforma tributaria. Tema al que está dedicado uno de los artículos del número de diciembre de la revista Entrelíneas que edita el Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Bajo el título Lineamientos para adaptar el sistema tributario al nuevo modelo económico, Alfredo Iñíguez y Rafael Selva sostienen que ahora están dadas las condiciones para encarar una reforma que sirva para “incentivar la acumulación productiva y morigerar las desigualdades que determina el mercado”. Muy resumidamente, la propuesta contempla para una primera etapa: eliminar las exenciones a las rentas financieras y bursátiles en Ganancias de las personas físicas; aplicar alícuota diferencial en Ganancias de las empresas a las utilidades no distribuidas para estimular la reinversión; gravar a todos los activos en Bienes Personales; reimplantar el impuesto a la herencia.
Plantean para más adelante un impuesto a la renta potencial de la tierra, gravar consumos de lujo con impuestos internos y alícuotas preferenciales a las ganancias de las micro y pequeñas empresas. En cuanto al IVA, supeditan cualquier rebaja (que sugieren sea más acentuada para una canasta básica) a que el Estado garantice el traslado a precios.
En el reportaje a este diario a fines de noviembre, la Presidenta dijo que “no hemos pensado en una reforma impositiva”. Pero su ministro de Economía dijo el domingo pasado que se debería ir en el sentido de gravar a la renta financiera con Ganancias y hacia una estructura más basada en Ganancias que en impuestos al consumo.
¿Confusión? ¿Indefinición? ¿Medidas aisladas en lugar de reforma? Habrá que ver.
Llegado a este punto, el primer problema que aparece es que el Estado tal como está resulta casi totalmente ineficaz. Según un estudio publicado el año pasado por tres economistas del Banco Mundial –Edwin Goñi, Humberto López y Luis Servén–, el coeficiente Gini antes de impuestos y beneficios sociales es sólo apenas un poco más elevado que el que surge tomando en cuenta la política fiscal (0,500 vs. 0,481 para el período considerado). En otras palabras, la acción del Estado atenúa la desigualdad muy levemente.
El trabajo titulado Reforma fiscal para la equidad social en América latina muestra que ésa no es una característica original de la Argentina sino común a toda la región: el cobro de impuestos y el gasto en beneficios sociales reduce el Gini promedio de América latina de 0,516 a 0,496, un recorte ínfimo.
Ese mismo estudio revela el contraste con el Primer Mundo. El Gini promedio de los quince países europeos más desarrollados es 0,459, que tras la intervención estatal con impuestos y transferencias baja a 0,311. Una caída de 15 puntos, que más que septuplica el mísero aporte de 2 puntos de los Estados latinoamericanos.
Es interesante notar que la desigualdad europea previa a la injerencia estatal no es significativamente menor que en América latina. Y en algunos casos se acerca mucho: Portugal tiene un Gini de 0,494, Dinamarca 0,486, Italia 0,475 y España 0,468; la diferencia está en que los impuestos y beneficios reducen el Gini a 0,381, 0,285, 0,374 y 0,348, respectivamente.
Es el Estado, estúpido
A primera vista, esos números desafían la idea de que la estructura productiva relativamente más concentrada y menos diversificada que en Europa es determinante en la explicación de la mayor desigualdad social. Una hipótesis incómoda y provocativa que merece análisis de expertos.
También cabe preguntarse sobre la causalidad. ¿Los Estados europeos aportan igualdad porque se trata de países desarrollados, o son países desarrollados porque, entre otras cosas, el Estado favoreció la equidad?
En todo caso, la meta del desarrollo requiere de un Estado diferente y una parte esencial de ese cambio pasa por la reforma tributaria. Tema al que está dedicado uno de los artículos del número de diciembre de la revista Entrelíneas que edita el Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Bajo el título Lineamientos para adaptar el sistema tributario al nuevo modelo económico, Alfredo Iñíguez y Rafael Selva sostienen que ahora están dadas las condiciones para encarar una reforma que sirva para “incentivar la acumulación productiva y morigerar las desigualdades que determina el mercado”. Muy resumidamente, la propuesta contempla para una primera etapa: eliminar las exenciones a las rentas financieras y bursátiles en Ganancias de las personas físicas; aplicar alícuota diferencial en Ganancias de las empresas a las utilidades no distribuidas para estimular la reinversión; gravar a todos los activos en Bienes Personales; reimplantar el impuesto a la herencia.
Plantean para más adelante un impuesto a la renta potencial de la tierra, gravar consumos de lujo con impuestos internos y alícuotas preferenciales a las ganancias de las micro y pequeñas empresas. En cuanto al IVA, supeditan cualquier rebaja (que sugieren sea más acentuada para una canasta básica) a que el Estado garantice el traslado a precios.
En el reportaje a este diario a fines de noviembre, la Presidenta dijo que “no hemos pensado en una reforma impositiva”. Pero su ministro de Economía dijo el domingo pasado que se debería ir en el sentido de gravar a la renta financiera con Ganancias y hacia una estructura más basada en Ganancias que en impuestos al consumo.
¿Confusión? ¿Indefinición? ¿Medidas aisladas en lugar de reforma? Habrá que ver.
Por Marcelo Zlotogwiazda
domingo, 9 de diciembre de 2007
¿De qué se queja el campo?
La política económica de tipo de cambio alto generó una elevada rentabilidad para el sector agropecuario, fortalecida por unaespectacular alza de los precios internacionales de las commodities.
La política económica de tipo de cambio alto desde enero de 2002 generó una elevada rentabilidad para el sector agropecuario, que a su vez fue alimentada por el fuerte aumento en los precios internacionales de los bienes agrícolas. De acuerdo con un trabajo del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc) realizado en junio de 2007, la rentabilidad del sector fue en promedio (2002-2006) un 40 por ciento superior a los últimos cuatro años de la convertibilidad. Incluso, debido al comportamiento de los precios de las commodities durante los dos primeros años de vigencia del nuevo esquema macroeconómico, los márgenes de ganancia del sector agrícola promediaron niveles 50 por ciento superiores que los de la convertibilidad, llegando a picos en donde superaron el 80 por ciento.La descripción de los mayores márgenes representa un piso más que un techo en la rentabilidad del sector agrario. Porque este análisis no incluye aquellas ganancias de rentabilidad que como consecuencia de las mejoras en el rinde y/o reducción de los costos asociados a las nuevas tecnologías se puedan haber producido en los últimos diez años.
Desde la perspectiva de la política económica, no parece razonable que el tipo de cambio efectivo sea igual para todos los sectores. De hecho, en un mundo ideal, sin heterogeneidades, la política de tipo de cambio alto es similar a un subsidio para todos los sectores por igual. Pero no se puede ser neutral entre sectores desiguales, en particular en el caso de la soja y otros granos que perciben rentas asociadas al aumento de los precios internacionales o a la incorporación de paquetes tecnológicos generados o bien por la industria local o bien en otros países (maquinaria agrícola y semillas transgénicas, respectivamente). Por ello, el tipo de cambio debe ser administrado por el Estado y el incremento de las retenciones como medida correctora representa una decisión de política económica que permite retroalimentar el círculo virtuoso de crecimiento.
Incluso, desde la perspectiva del productor agropecuario es claro que su situación en términos temporales es mejor que la de la convertibilidad, al menos en sus últimos cuatro años (1998-2001).
Los representantes del sector, en lugar de cuestionar en forma cortoplacista un esquema de precios relativos que favorece la diversificación productiva, debieran preguntarse qué sería lo más conveniente para ellos: si un tipo de cambio bajo y sin retenciones o un tipo de cambio alto con retenciones.
La primera experiencia es la de los ‘90 con fuerte endeudamiento y pérdida de competitividad con reducción en el valor de las tierras. Por el contrario, el tipo de cambio administrado permite garantizar una mayor estabilidad en la rentabilidad, mayor competitividad de sus productos y una revalorización del precio de las tierras. El Estado, a través de las retenciones, absorbe lo que el sector no obtendría de no mediar una política de sostenimiento del tipo de cambio.
Una postura más inteligente del sector sería reclamar que el Estado invierta el resultado del aumento de las retenciones en el fortalecimiento de la infraestructura de ciencia y técnica, en el subsidio a cultivos y pequeños productores que hoy no se encuentran favorecidos por las condiciones altamente favorables. De esta manera se evitaría que el modelo de monocultivo de la soja se consolide con los impactos evidentes en los precios de los alimentos y en la concentración de la tierra.
Por German Saller
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3281-2007-12-09.html
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