“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad

Todos los martes de 13 a 14
“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad

Ahora en formato radiofónico, “Espacio Económico”, un programa para entender los problemas económicos actuales.
Esta nueva propuesta del CIEPYC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación), se presenta con notas y entrevistas a especialistas en economía, y a representantes empresariales, gremiales, políticos y de la comunidad.
Para las empresas Pymes, además, se le dedicaran segmentos dirigidos a la difusión de las políticas públicas para el sector.
El CIEPYC, creado en junio de 2003 por la facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, tiene entre sus objetivos “contribuir al debate de ideas en pos del desarrollo del país”.
A este ideario se le suman la docencia, la investigación y la extensión universitaria; línea en la que se ubican “Espacio Económico” Radio y “Entrelíneas de la Política Económica”, revista digital del CIEPYC.
Cabe aclarar que en el año 2001 se puso al aire el primer programa “Espacio Económico” TV, ciclo que a lo largo de sus 169 emisiones convoco a destacadas personalidades del ámbito público y privado.
El ciclo que se inicia mañana, se emitirá en vivo todos los martes de 13 a 14, con la conducción de Edgardo Corroppoli y Gerardo De Santis, director del CIEPYC.

“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad Todos los martes de 13 a 14

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y PRECIOS INTERNACIONALES. UN ANÁLISIS COMPARADO DE LAS PRINCIPALES ECONOMIAS DE LA REGION

El contexto internacional favorable es el argumento favorito de los economistas liberales para justificar el crecimiento de la economía argentina, sosteniendo que la región está evidenciando el mismo fenómeno. Sin embargo, cuando se analizan los datos de la región, se desprenden conclusiones son muy diferentes: nuestro país no ha sido de los más beneficiados por los precios internacionales, pero muestra un desempeño económico superlativo, desde cualquier indicador que se analice.
Esa es la conclusión a la cual arribamos en la edición número 10 de Entrelíneas de la Política Económica[1]. Partiendo de las mejoras de los términos de intercambio, como representativa del denominado efecto viento de cola, repasamos el desempeño económico de los países de la región (Mercosur más Chile y Bolivia), durante el período 2004-2007, para que la economía argentina no corra con la ventaja del extraordinario crecimiento que tuvo en los dos primeros años desde la crisis de 2001-2002.
El crecimiento de los términos de intercambio en el corto plazo fue dispar entre los países de la región y dependió de las diferentes especializaciones en la inserción internacional. Por ejemplo, los términos de intercambio de Chile (cobre) experimentaron un fuerte crecimiento del 50,7% (tres veces más que el promedio de América Latina) y en Bolivia (gas) un crecimiento de casi el 30%.
En el caso argentino, puede apreciarse una leve mejora del 7,5%, menos de la mitad del incremento promedio de toda la región. Esto corrobora que los precios de los productos agrarios (de mayor influencia en nuestras exportaciones) evidenciaron un crecimiento más moderado que los productos vinculados a la energía y los metales.
A pesar de este moderado crecimiento, Argentina presenta un incremento del PBI de casi 30%, casi el doble que Chile, Bolivia y Paraguay y más del doble que Brasil. El espectacular crecimiento muestra a las claras que el contexto internacional no es excluyente para explicar el crecimiento local y que existen factores intrínsecos al modelo que generan tal comportamiento; de lo contrario, Chile, Bolivia y Brasil hubieran captado un crecimiento del PBI mucho más alto que el evidenciado en Argentina.
Por el lado de la inversión, Argentina invierte el 24,3% del PBI, una cifra inédita para la economía argentina y para cualquiera de los demás países. Asimismo, el comportamiento en el corto plazo muestra que si bien todos los países incrementaron los niveles de inversión en términos del producto, en Argentina ese incremento quintuplicó el crecimiento evidenciado en Chile y Brasil, que tan sólo incrementaron la inversión en 1,3 y 1,5 puntos del PBI respectivamente.
En cuanto al mercado de trabajo las conclusiones son similares. Todos los países de la región evidenciaron crecimiento del empleo y reducciones en los niveles de desempleo abierto merced al crecimiento de la economía. Sin embargo, Argentina es el país de la región que más bajó la tasa de desocupación en los últimos tres años y el que mayor cantidad de empleos generó en el mismo período.
En términos de la diversificación de bienes exportables, Argentina logra un muy leve incremento en la participación de MOI en el total exportado (casi 3 puntos porcentuales) mientras que el resto de las economías, por el contrario, han profundizado la estructura tendiente a su especialización histórica de bienes primarios, a excepción de Paraguay. Esto constituye un doble mérito por parte del desempeño exportador argentino, principalmente porque los precios de los productos industriales han evidenciado en el período una desvalorización (caída de precios), lo que implica que la performance exportadora se vio fortalecida por incremento vía cantidades.
Nuestra hipótesis es que el esquema macroeconómico actual, de tipo de cambio diferencial para la industria y para el agro, es el que mayormente explica el formidable comportamiento de las variables macroeconómicas que hemos repasado aquí; mientras que, en contraposición, la economía argentina ha sido de las menos favorecidas en cuanto a los términos de intercambio. No todo es viento de cola en América Latina.

Por German Saller

[1]“Términos de intercambio y desempeño macroeconómico en Sudamérica”. Entrelíneas de la Política Económica n°10.

Régimen de acumulación y derechos de exportación: oportunidades, amenazas y desafíos

La rebelión fiscal de origen rural lejos de mostrar la inviabilidad del actual régimen de acumulación demuestra límites coyunturales que requieren cambios en el modo en que se regula el crecimiento. En la presente nota se analizan los rasgos centrales del actual modo de regulación y se trata de desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola.
Por Pablo Lavarello – Leonardo Perichinsky – Miguel Zanabria
Investigadores del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación – Universidad Nacional La Plata.
Fuente: Revista Entrelíneas Nº 10 – Mayo 2008
Publicado en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2401

Revista Entrelíneas de la Política Económica Nº 10

En la edición N°10 de la revista “Entrelíneas de la Política Económica” continua en el centro del debate el conflicto desatado a partir de la rebelión fiscal de origen rural. En la editorial se realiza un análisis que parte de preguntarse por los trasfondos de esta situación. Para avanzar en el entendimiento de la realidad actual del sector agropecuario se requiere repensar las nuevas formas de capitales financieros que se evidencia actualmente en el sector. Teniendo en claro esta nueva modalidad de operar del capital financiero es que podremos empezar a plantear algunas hipótesis (tentativas) de viejos y nuevos actores que parecen delinear una nueva lógica “rentista” en el sector. En la siguiente nota se discute el régimen de acumulación actual desde una óptica que intenta desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola. En la tercera nota se analiza el impacto de los precios internacionales sobre las principales economías de la región, para evaluar qué países han aprovechado mejor la actual coyuntura internacional. Por último, en esta edición inauguramos una sección con notas de invitados especiales. En este caso, Alejandro Otero, escribe sobre federalismo fiscal.

Ver edición completa en http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/

Retenciones a los granos: cuando la historia cuenta

Las retenciones son el único instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco regulatorio e institucional del país. Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos. El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años ’90, dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los precios internacionales. En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado.
Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo de las cadenas agroindustriales diversificadas. Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “ordenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de Juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.
La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares, que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron desmantelados durante los años ‘90. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Campora. El resto de las funciones, mantenidas hasta los años ’90, fueron sin embargo cruciales para la organización del sector, y generaron importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así mejores precios frente a la industria. Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por manejo de precios en distintas épocas del año.
No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el desmantelamiento de las Juntas). Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones móviles.
Es interesante comparar esta actitud con la de los productores australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, quienes no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.
Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno frente a una historia de abandono del control democrático sobre el acceso a la alimentación y a la divisas. Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las entidades del campo son responsables. En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.
La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una posible reducción de los precios internacionales tras la desaceleración de la economía mundial. A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles generaron una disminución en el monto del impuesto.
Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por este cultivo. Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por otras producciones.
En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la descommoditización. Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de los representantes del campo en este camino. Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados.
Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas para los productores pequeños de las zonas marginales, Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:
1. Complementar las retenciones con transferencias directas a los productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos más allá de la soja. Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del impuesto.
2. Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre la rentabilidad de los pequeños productores. Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de los granos al productor. Institución que debe encarar una activa política estratégica de diferenciación de granos.
3. Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de los grupos concentrados.
4. Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como ganancias y bienes personales.
Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el apoyo de los pequeños y medianos productores. El 50% de la tierra está en manos de 5000 productores, sólo mil poseen el 33% de las hectáreas cultivables. El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores concentrados a la hora de venderle sus productos. La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.

Por CIEPYC

Política y retenciones

Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.
A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.
Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.
No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.
Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.
Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.
La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.
La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.

Por Marcelo Zlotogwiazda

http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-104878-2008-05-26.html