Luego de veintiséis trimestres consecutivos de crecimiento a tasas altas, la economía argentina comenzó a mostrar signos de desaceleración a partir del último mes de septiembre. Algunos indicadores muestran que durante los meses de octubre y noviembre el nivel de crecimiento sería aún menor.
Por ejemplo, los recursos de la administración nacional ligados a la evolución de la actividad muestran en noviembre un crecimiento nominal del 15 por ciento cuando acumulan en el año una expansión del 25 por ciento.
Parte por los efectos de la crisis internacional y parte por las auto-profecías locales de recesión, estanflación o crisis, la economía argentina se está desacelerando.
La crisis internacional -de la cual todavía vimos muy poco- tendrá sus efectos sobre la economía real por el lado del comercio exterior: básicamente, contracción de las exportaciones -fundamentalmente por precio, pero posiblemente también por volumen- y aumento de las importaciones de bienes industriales a menores precios, dado el exceso de oferta mundial.
Hace más de un año y medio se planteó desde esta publicación que la crisis internacional impactaría sólo por el lado real, ya que la economía argentina se encontraba desconectada del canal financiero. Lo que no se tuvo en cuenta, entonces, fue la influencia de los medios de comunicación en vastos sectores de la sociedad, que han anticipado la crisis en el país, a través de la postergación de decisiones de consumo, como si se tratara de consumidores de los países centrales.
A nivel local, las expectativas pesimistas difundidas por los grandes medios de comunicación – en sintonía con las expresiones de la Asociación Empresaria Argentina- provocan la contracción de la demanda efectiva. Las grandes empresas postergan sus decisiones de inversión, los trabajadores reducen consumo y el denso entramado de empresas PyMEs son afectadas, sin capacidad de auto-organizarse frente a la debilidad de sus asociaciones representativas.
Ante este escenario, se discute qué debería hacerse desde la política económica para revertir las tendencias de estos últimos meses.
En principio, es necesario resaltar que históricamente o, por lo menos, en las recesiones de los últimos treinta años, cada vez que la economía se desaceleró, cayó la recaudación, etc., desde el ministerio de Economía se ejecutaron planes de contracción del gasto público, generalmente acompañado de suba de impuestos.
En esta oportunidad, la dirección, el gradiente de las medidas es diferente a lo que se hizo siempre. Se podría decir que es la primera vez -en más de tres décadas- que desde el Estado se ejecutan políticas contracíclicas cuando se contrae el nivel de actividad: se pretende expandir la inversión pública y reducir impuestos en forma selectiva en sectores de consumo medio alto y en ciertos cultivos agrícolas prioritarios para la alimentación. Es destacable la intención de alcanzar récords históricos de inversión pública sobre PBI del 5,5 por ciento, algo que es cuestionado desde las centrales empresarias.
La primera nota de la presente edición analiza en detalle las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para amortiguar los efectos de la crisis externa.
Sin embargo, también es necesario plantear que las medidas anunciadas hasta el cierre de esta revista, no son suficientes para atacar de lleno tres aspectos importantes para revertir la tendencia declinante de la economía:
· En primer lugar, el incremento de la demanda efectiva mediante transferencias de recursos hacia los sectores de la población que gastan todo su ingreso en bienes con alto contenido nacional. Mientras la obra pública tarda, cuanto menos, un año en llegar a la calle, el aumento de ingresos a sectores con alta propensión a consumir (desocupados, sectores con ingresos inferiores a la canasta familiar y jubilados) se traduce automáticamente en aumento de la demanda efectiva. Todo esto, además, generaría una mejora en la distribución del ingreso.
· En segundo lugar, una política cambiaria que compense la caída de los precios de los principales productos que compiten con los de origen nacional y las devaluaciones que han experimentado los principales países de la región. Un tipo de cambio alto es imprescindible para no revertir los incipientes procesos sustitutivos de importaciones y el empleo. En un contexto de desaceleración de los precios y de la actividad, adquiere menos peso el dilema entre dólar alto e inflación, en términos de política económica.
· En tercer lugar -y en forma complementaria a lo anterior- una política de protección a la industria, a partir de la profundización y generalización de regímenes sectoriales como el automotriz hacia nuevos sectores. Esto, además de evitar el ingreso de bienes importados que amenacen el empleo industrial, permitiría aprovechar la oportunidad que brinda esta crisis en ciernes para superar los límites de una inserción de la región como mercado interno ampliado para producciones con escaso valor agregado local por parte de las empresas multinacionales. Solo así el proceso sustitutivo de importaciones será acompañado por la superación de la dependencia.
No se han visto, por el momento, medidas ni orientaciones generales que apunten a resolver estos tres aspectos centrales para el desempeño futuro del modelo y su profundización, más allá de las políticas macroeconómicas de tipo de cambio. Las medidas anunciadas -si bien significan un avance respecto a las recomendaciones liberales- apuntan a mejorar los ingresos de sectores medios altos, propensos a consumir bienes con elevado contenido importado, resolviendo así los problemas de caja de las empresas multinacionales, con fuertes dificultades en sus casas matrices.
La capacidad de aprovechar al máximo los efectos multiplicadores de las medidas sobre la demanda interna y el superávit externo es clave para explicar lo que sucederá en el futuro con la actividad económica. Se corre el riesgo de desperdiciar las bienvenidas herramientas keynesianas si no se apunta a las dos causas fundamentales de fugas: el patrón de consumo extranjerizado de los sectores medios acomodados y el bajo componente nacional de las producciones de las empresas multinacionales de bienes de consumo durable.
Con la vuelta al sistema de reparto, la economía ha recuperado buena parte del financiamiento necesario para compensar la caída en la demanda efectiva. Sin embargo, si el Gobierno piensa cumplir sus compromisos financieros, tendrá problemas de transferencia doméstica si no sostiene los niveles de superávit externo de estos años. En este sentido, también resultan clave la política cambiaria y la protección a la industria.
A propósito de este tema, en el presente número también se desarrolla la segunda parte de la nota sobre el régimen previsional. Tras haber analizado de manera pormenorizada, en la edición anterior, las consecuencias de los quince años del régimen de capitalización, se abordan ahora algunos puntos que resultan claves para repensar el sistema previsional en esta nueva etapa: cuál es la mejor alternativa para asignar los fondos que administraban las AFJP, qué elementos pueden afectar la sustentabilidad y cobertura del sistema de reparto y, sobre todo, cuáles son los desafíos para la seguridad social.
viernes, 26 de diciembre de 2008
jueves, 27 de noviembre de 2008
Editorial
La vuelta al sistema estatal de reparto de todas las jubilaciones es la primera reforma estructural del kirchnerismo, desde que gobierna el país. Pero no es sólo eso: se constituye también en la herramienta por la cual el gobierno parece recuperar la iniciativa, tras la crisis política desatada a raíz del conflicto por los derechos de exportación móviles y en medio de una crisis financiera internacional fenomenal.
La decisión sorprendió porque el gobierno venía de unos meses erráticos, envuelto en una agenda que no le era propia. Daba la sensación de que el conflicto con el campo había culminado en un golpe sin golpe. Muchos de quienes todavía creemos que el proceso iniciado el 25 de mayo de 2003 era un auspicioso punto de partida para instaurar un esquema de desarrollo auto-centrado evaluamos que el proceso destituyente lo había condicionado severamente.
Y lo que se podía ver era que el gobierno reflejaba la nueva correlación de fuerzas post-crisis del campo con un conjunto de medidas que respondían a los intereses de los sectores financieros : declaración de cancelación al contado de la deuda con el Club de París, reuniones patéticas con banqueros, que no tenían manera de saber -en el preciso momento en que se produjo la reunión en Buenos Aires para renegociar la deuda de los holdouts - si sus bancos de inversión seguían existiendo, si ya habían pasado a manos de otro banco, o del Estado, y si seguían manteniendo sus empleo. La ridiculez de esas reuniones fue el reflejo del desacierto de intentar volver a ser un “país emergente” en el medio del colapso de las formas de financiamiento del sistema financiero internacional.
Si embargo, el gobierno se desenvolvió de esa agenda, a partir de las evidencias que generaba la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo - y reencausó el problema estructural de la seguridad social en la Argentina. Sin embargo, el colapso de las formas privadas de financiamiento en los países del Norte no se tradujo mecánicamente en el reemplazo del marco conceptual, y la emergencia de una nueva convención de política económica. El discurso keynesiano y la rehabilitación de la centralidad del Estado en la coordinación de la economía tarda de trasladarse de las necesidades de política pública al campo de las ideas, aún dominado por la convención del mercado auto-regulador.
A la lentitud del avance en el campo de las ideas, se suma en la Argentina la histórica permeabilidad de los sectores medios al discurso simple y efectivo de los grandes medios de comunicación y de la oposición. Esto explica, hoy en día, la dificultad de argumentar a favor de una propuesta como la eliminación de las AFJP, aún en ámbitos donde los intereses objetivos se corresponden con un régimen basado en la solidaridad intergeneracional. Los planteos de que “responde a una necesidad de caja”, que estamos frente a un “saqueo”, de que “se hace para robar”, de que “es improvisado”, entre otros, se deshacen al realizar un análisis serio sobre el tema, incluso si se considerara a todos los funcionarios del gobierno como ladrones.
No es posible lógicamente plantear la tesis del “Estado depredador” con independencia del modo de acumulación. El régimen de valorización financiera va más allá de las prebendas que el capital utiliza para instrumentar la transversión de los dirigentes políticos (simbolizados superficialmente por las coimas del menemismo o los tapados de piel de María Julia, pero que se generalizó en forma mucho más sutil a los cuadros intelectuales y técnicos, incluyendo importantes pagos por consultorías de organismos internacionales durante la pasada década). Aún considerando la importancia de estas “compensaciones”, el objetivo de las políticas de los noventa no era financiar el consumo suntuario de los dirigentes y generar una frondosa casta de intelectuales orgánicos y periodistas del establishment. La transversión de los dirigentes e intelectuales era simplemente un medio. El fin era convertir a la Argentina -como al resto de los países periféricos - en un país emergente, que pospusiera eternamente un régimen basado en el endeudamiento mediante la generación de nuevos negocios para el capital financiero.
Sería imposible para el entendimiento suponer que fue casual la proliferación de gobiernos y funcionarios corruptos - todos a la vez- en la gran mayoría de los países periféricos del mundo. Cuestión que nuestra mediatizada clase media parece no poder dimensionar.
Intentando ir más allá de la superficie, la vuelta al sistema estatal de reparto apunta a la resolución de cuestiones fundamentales para una sociedad, independientemente de que algunos funcionarios puedan hacer una utilización personal de una parte de los fondos que vuelven al Estado. Lo que quedará es la resolución de un problema estructural básico de la sociedad, evitando la evaporación de los ahorros de los jubilados hoy colocada en activos financieros y la instauración de un régimen que se sustente en la mejora de los niveles y remuneraciones de empleo a partir de su reinyección como fuente de demanda efectiva.
Precisamente por la trascendencia del tema en cuestión, la primera de las notas de la presente edición de Entrelíneas realiza un análisis pormenorizado de las consecuencias que dejaron los catorce años de AFJP y los efectos para la sociedad de volver al esquema estatal de reparto de forma plena.
La segunda nota analiza cómo las autoridades están respondiendo a los efectos de este cambio estructural y a la crisis internacional en el plano monetario y financiero. Respuesta que combina medidas heterodoxas de control selectivo a la fuga de capitales con medidas ortodoxas basadas en subas desproporcionadas de tasas de interés.
Se sostiene que estas medidas obedecen a una cuestión transitoria más que permanente. De hecho, los bancos privados en los días de mayor demanda de dólares pagaban más tasa por los plazos fijos cortos que por los largos, lo cual induce a suponer que ven como una cuestión temporal la caída de depósitos. Si pensaran en un escenario de licuación de deudas, por devaluación por ejemplo, propiciarían los depósitos a largo plazo. Estos últimos fueron los únicos que cayeron, entre los plazos fijos, durante el mes de octubre.
A su vez se plantea que la autoridad monetaria en la Argentina tiene a su disposición todas las herramientas de política monetaria, lo cual es quizá el principal beneficio de no estar directamente afectados por la crisis financiera internacional.
La política monetaria en los países centrales ha demostrado ser poco efectiva frente a la entrada en recesión de Estados Unidos, Europa y Japón. Tardíamente las autoridades de estos países comienzan a plantear alternativas incipientes y muy acotadas de paliar la caída en la demanda efectiva que produce la actual crisis. En este sentido, la principal apuesta parece ser una política fiscal expansiva.
La Argentina se encuentra en buenas condiciones para avanzar en esta dirección. Aunque no parece reflejarse en las acciones de gobierno y en las actitudes de una oposición autista frente al nuevo escenario.
Esa es la próxima gran batalla, que dependerá de la velocidad con que el gobierno entienda que es necesario impulsar el gasto público, manteniendo el superávit externo mediante un mayor grado de protección de la economía. También es imprescindible que las dirigencias empresariales comprendan que durante los próximos años no habrá otro espacio de valorización de sus capitales que el nacional y regional. Cuestiones que por el momento el gobierno solo ataca discursivamente, mientras la oposición sigue enfrascada en el carácter depredador del Estado.
Si bien es prematuro evaluar los posibles efectos del reciente paquete de medidas lanzado por el Gobierno, resulta claro que avanza en la dirección de promover mayor actividad económica y garantizar un piso para el desempleo. Estamos bastante curados de espanto con las inauguraciones de maquetas y mega anuncios de inversiones que nunca se convierten en infraestructura pública concreta De la capacidad del gobierno de convertir sus anuncios en obras, en tiempo y forma depende en parte la capacidad de respuesta del modelo instaurado en el 2003 al nuevo escenario. En este momento del ciclo, resulta imprescindible que esos 71 mil millones de pesos que se volcarían a la obra pública sean una realidad. La complementación de estas medidas con tipos de cambios diferenciales y política industrial orientada a seleccionar sectores generadores y difusores de progreso técnico es clave para mantener los niveles de actividad y realizar el necesario cambio estructural. Frente a la crisis financiera internacional, los términos de intercambio están lejos de favorecer a una especialización basada productos agroindustriales (si es que alguna vez la favorecieron).
Por último, seguimos analizando los efectos de la crisis financiera internacional. En esta oportunidad se intenta observar los posibles canales de transmisión de la crisis por el lado real, analizando las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. La tercera nota de esta revista avanza sobre este aspecto.
La decisión sorprendió porque el gobierno venía de unos meses erráticos, envuelto en una agenda que no le era propia. Daba la sensación de que el conflicto con el campo había culminado en un golpe sin golpe. Muchos de quienes todavía creemos que el proceso iniciado el 25 de mayo de 2003 era un auspicioso punto de partida para instaurar un esquema de desarrollo auto-centrado evaluamos que el proceso destituyente lo había condicionado severamente.
Y lo que se podía ver era que el gobierno reflejaba la nueva correlación de fuerzas post-crisis del campo con un conjunto de medidas que respondían a los intereses de los sectores financieros : declaración de cancelación al contado de la deuda con el Club de París, reuniones patéticas con banqueros, que no tenían manera de saber -en el preciso momento en que se produjo la reunión en Buenos Aires para renegociar la deuda de los holdouts - si sus bancos de inversión seguían existiendo, si ya habían pasado a manos de otro banco, o del Estado, y si seguían manteniendo sus empleo. La ridiculez de esas reuniones fue el reflejo del desacierto de intentar volver a ser un “país emergente” en el medio del colapso de las formas de financiamiento del sistema financiero internacional.
Si embargo, el gobierno se desenvolvió de esa agenda, a partir de las evidencias que generaba la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo - y reencausó el problema estructural de la seguridad social en la Argentina. Sin embargo, el colapso de las formas privadas de financiamiento en los países del Norte no se tradujo mecánicamente en el reemplazo del marco conceptual, y la emergencia de una nueva convención de política económica. El discurso keynesiano y la rehabilitación de la centralidad del Estado en la coordinación de la economía tarda de trasladarse de las necesidades de política pública al campo de las ideas, aún dominado por la convención del mercado auto-regulador.
A la lentitud del avance en el campo de las ideas, se suma en la Argentina la histórica permeabilidad de los sectores medios al discurso simple y efectivo de los grandes medios de comunicación y de la oposición. Esto explica, hoy en día, la dificultad de argumentar a favor de una propuesta como la eliminación de las AFJP, aún en ámbitos donde los intereses objetivos se corresponden con un régimen basado en la solidaridad intergeneracional. Los planteos de que “responde a una necesidad de caja”, que estamos frente a un “saqueo”, de que “se hace para robar”, de que “es improvisado”, entre otros, se deshacen al realizar un análisis serio sobre el tema, incluso si se considerara a todos los funcionarios del gobierno como ladrones.
No es posible lógicamente plantear la tesis del “Estado depredador” con independencia del modo de acumulación. El régimen de valorización financiera va más allá de las prebendas que el capital utiliza para instrumentar la transversión de los dirigentes políticos (simbolizados superficialmente por las coimas del menemismo o los tapados de piel de María Julia, pero que se generalizó en forma mucho más sutil a los cuadros intelectuales y técnicos, incluyendo importantes pagos por consultorías de organismos internacionales durante la pasada década). Aún considerando la importancia de estas “compensaciones”, el objetivo de las políticas de los noventa no era financiar el consumo suntuario de los dirigentes y generar una frondosa casta de intelectuales orgánicos y periodistas del establishment. La transversión de los dirigentes e intelectuales era simplemente un medio. El fin era convertir a la Argentina -como al resto de los países periféricos - en un país emergente, que pospusiera eternamente un régimen basado en el endeudamiento mediante la generación de nuevos negocios para el capital financiero.
Sería imposible para el entendimiento suponer que fue casual la proliferación de gobiernos y funcionarios corruptos - todos a la vez- en la gran mayoría de los países periféricos del mundo. Cuestión que nuestra mediatizada clase media parece no poder dimensionar.
Intentando ir más allá de la superficie, la vuelta al sistema estatal de reparto apunta a la resolución de cuestiones fundamentales para una sociedad, independientemente de que algunos funcionarios puedan hacer una utilización personal de una parte de los fondos que vuelven al Estado. Lo que quedará es la resolución de un problema estructural básico de la sociedad, evitando la evaporación de los ahorros de los jubilados hoy colocada en activos financieros y la instauración de un régimen que se sustente en la mejora de los niveles y remuneraciones de empleo a partir de su reinyección como fuente de demanda efectiva.
Precisamente por la trascendencia del tema en cuestión, la primera de las notas de la presente edición de Entrelíneas realiza un análisis pormenorizado de las consecuencias que dejaron los catorce años de AFJP y los efectos para la sociedad de volver al esquema estatal de reparto de forma plena.
La segunda nota analiza cómo las autoridades están respondiendo a los efectos de este cambio estructural y a la crisis internacional en el plano monetario y financiero. Respuesta que combina medidas heterodoxas de control selectivo a la fuga de capitales con medidas ortodoxas basadas en subas desproporcionadas de tasas de interés.
Se sostiene que estas medidas obedecen a una cuestión transitoria más que permanente. De hecho, los bancos privados en los días de mayor demanda de dólares pagaban más tasa por los plazos fijos cortos que por los largos, lo cual induce a suponer que ven como una cuestión temporal la caída de depósitos. Si pensaran en un escenario de licuación de deudas, por devaluación por ejemplo, propiciarían los depósitos a largo plazo. Estos últimos fueron los únicos que cayeron, entre los plazos fijos, durante el mes de octubre.
A su vez se plantea que la autoridad monetaria en la Argentina tiene a su disposición todas las herramientas de política monetaria, lo cual es quizá el principal beneficio de no estar directamente afectados por la crisis financiera internacional.
La política monetaria en los países centrales ha demostrado ser poco efectiva frente a la entrada en recesión de Estados Unidos, Europa y Japón. Tardíamente las autoridades de estos países comienzan a plantear alternativas incipientes y muy acotadas de paliar la caída en la demanda efectiva que produce la actual crisis. En este sentido, la principal apuesta parece ser una política fiscal expansiva.
La Argentina se encuentra en buenas condiciones para avanzar en esta dirección. Aunque no parece reflejarse en las acciones de gobierno y en las actitudes de una oposición autista frente al nuevo escenario.
Esa es la próxima gran batalla, que dependerá de la velocidad con que el gobierno entienda que es necesario impulsar el gasto público, manteniendo el superávit externo mediante un mayor grado de protección de la economía. También es imprescindible que las dirigencias empresariales comprendan que durante los próximos años no habrá otro espacio de valorización de sus capitales que el nacional y regional. Cuestiones que por el momento el gobierno solo ataca discursivamente, mientras la oposición sigue enfrascada en el carácter depredador del Estado.
Si bien es prematuro evaluar los posibles efectos del reciente paquete de medidas lanzado por el Gobierno, resulta claro que avanza en la dirección de promover mayor actividad económica y garantizar un piso para el desempleo. Estamos bastante curados de espanto con las inauguraciones de maquetas y mega anuncios de inversiones que nunca se convierten en infraestructura pública concreta De la capacidad del gobierno de convertir sus anuncios en obras, en tiempo y forma depende en parte la capacidad de respuesta del modelo instaurado en el 2003 al nuevo escenario. En este momento del ciclo, resulta imprescindible que esos 71 mil millones de pesos que se volcarían a la obra pública sean una realidad. La complementación de estas medidas con tipos de cambios diferenciales y política industrial orientada a seleccionar sectores generadores y difusores de progreso técnico es clave para mantener los niveles de actividad y realizar el necesario cambio estructural. Frente a la crisis financiera internacional, los términos de intercambio están lejos de favorecer a una especialización basada productos agroindustriales (si es que alguna vez la favorecieron).
Por último, seguimos analizando los efectos de la crisis financiera internacional. En esta oportunidad se intenta observar los posibles canales de transmisión de la crisis por el lado real, analizando las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. La tercera nota de esta revista avanza sobre este aspecto.
martes, 24 de junio de 2008
Inflación en alimentos en América Latina
En el mes de abril, el FMI y el Banco Mundial se reunieron para tratar el tema de la crisis crediticia en Washington pero trasladaron el eje de la discusión para llamar la atención sobre la ahora llamada crisis alimentaria mundial, preocupados por una oleada de disturbios que obligó a muchos países a tomar medidas comerciales tendientes a contener los efectos domésticos de la “agflación”.“Agflación” es la denominación que se le dio a la escalada de precios de las materias primas agrícolas como el maíz, trigo y soja y su efecto en el nivel general de precios. El aumento de los precios mundiales de los alimentos amenaza con propagar el hambre y genera tensiones sociales en una escala aún impredecible.
Los precios de los alimentos básicos subieron un 83% en los últimos tres años, en promedio, con alzas en los casos del arroz, el trigo y el maíz muy superiores. El precio internacional del arroz elevó su precio un 81% en los primeros cinco meses del año respecto de igual periodo de 2007, alcanzando los 848 dólares la tonelada. El precio de exportación del trigo fue récord en marzo cuando el trigo de EEUU promedió 480 dólares la tonelada. En abril descendió, pero aún así se encuentra 126% por encima del valor de los primero cinco meses del año pasado. El precio del maíz continúa creciendo y promedia 46% por encima que un año atrás.
Hacia el año 2006 la mayoría de los países de América Latina tenían controlada la inflación, pero el aumento en el precio de los commodities agroalimentarios y de la energía (por el elevado precio del petróleo) ha presionado a la suba en el índice general de precios, acelerando de manera sorprendente el nivel de inflación en buena parte de la región.
En todos los países analizados hay una clara tendencia ascendente en el índice de precios general y de los alimentos y, particularmente, todos muestran una substancial aceleración a fines del año 2007 y principios del 2008, momento en el cual comenzó a expandirse fuertemente la especulación financiera hacia los sectores que elaboran productos primarios y también coincide con el fuerte crecimiento de la demanda de alimentos para la fabricación de biocombustibles, siendo esta última la fuente más grande de “nueva demanda” para los productos del agro en décadas.
La mayoría de los países de América Latina evidencian aumentos en las tasas de inflación. En promedio pasaron de un nivel anual de 3,5% en el 2006, a tasas anuales que oscilaron entre el 6% y 7% para el 2007.
El nivel promedio de inflación en los alimentos en los países bajo análisis fue de 5,4% durante el año 2006, mientras que para el año 2007 el mismo índice mostró una variación del orden del 11,6%, mostrando un aumento mayor al doble del registrado un año antes. A todo esto, los países con mayor inflación alimenticia durante el año 2007 fueron Costa Rica (21%), Bolivia (19,8%), Uruguay (18,1%), Chile (15,2%) y Brasil (11,9%), seguidos por Paraguay (9,1%), Colombia (8,5%), México (7,5%), Perú (6%) y Ecuador (5,7%).
Claramente los precios de los alimentos están creciendo muchos más rápido que lo que refleja el nivel general. Lo anterior nos induce a pensar que el actual proceso de aceleración de la inflación que están viviendo los países de América Latina es causado, en mayor medida, por el fuerte aumento en el precio de los alimentos empujado, a su vez, por el incremento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas.
Hacia el año 2006 la mayoría de los países de América Latina tenían controlada la inflación, pero el aumento en el precio de los commodities agroalimentarios y de la energía (por el elevado precio del petróleo) ha presionado a la suba en el índice general de precios, acelerando de manera sorprendente el nivel de inflación en buena parte de la región.
En todos los países analizados hay una clara tendencia ascendente en el índice de precios general y de los alimentos y, particularmente, todos muestran una substancial aceleración a fines del año 2007 y principios del 2008, momento en el cual comenzó a expandirse fuertemente la especulación financiera hacia los sectores que elaboran productos primarios y también coincide con el fuerte crecimiento de la demanda de alimentos para la fabricación de biocombustibles, siendo esta última la fuente más grande de “nueva demanda” para los productos del agro en décadas.
La mayoría de los países de América Latina evidencian aumentos en las tasas de inflación. En promedio pasaron de un nivel anual de 3,5% en el 2006, a tasas anuales que oscilaron entre el 6% y 7% para el 2007.
El nivel promedio de inflación en los alimentos en los países bajo análisis fue de 5,4% durante el año 2006, mientras que para el año 2007 el mismo índice mostró una variación del orden del 11,6%, mostrando un aumento mayor al doble del registrado un año antes. A todo esto, los países con mayor inflación alimenticia durante el año 2007 fueron Costa Rica (21%), Bolivia (19,8%), Uruguay (18,1%), Chile (15,2%) y Brasil (11,9%), seguidos por Paraguay (9,1%), Colombia (8,5%), México (7,5%), Perú (6%) y Ecuador (5,7%).
Claramente los precios de los alimentos están creciendo muchos más rápido que lo que refleja el nivel general. Lo anterior nos induce a pensar que el actual proceso de aceleración de la inflación que están viviendo los países de América Latina es causado, en mayor medida, por el fuerte aumento en el precio de los alimentos empujado, a su vez, por el incremento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas.
Al ver la tasa de inflación anual en los diferentes países tanto para 2006, como para 2007 y el primer cuatrimestre de 2008, salvo Paraguay (el cual tuvo un fuerte proceso inflacionario durante el 2006) el resto de los países aumentaron (y algunos casi duplicaron) su nivel de inflación durante el 2007 en relación al nivel alcanzado en 2006.
También puede apreciarse que en países como México, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, en nivel de inflación durante el primer trimestre de 2008 casi representa la mitad del nivel obtenido durante 2007, lo que deja pensar que si continúa esa tendencia, la inflación durante 2008 será mayor que la del 2007.
Parte del problema de la inflación que llega a la Argentina es mundial, es urgente, y avanza rápido también sobre las economías de los restantes países de América Latina, sean estos exportadores o importadores de productos alimenticios y pone en tensión a sus sociedades.
Escépticos frente a las medidas que se puedan esperar desde las instituciones supranacionales como las Naciones Unidas para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, sólo resta la cooperación entre las naciones y políticas domésticas como la seguida mediante las retenciones y límites a las exportaciones que son dos de las pocas herramientas que el Estado tiene a mano hoy para resistir el doble acecho de las rentas extraordinarias y las presiones del mercado mundial.
También puede apreciarse que en países como México, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, en nivel de inflación durante el primer trimestre de 2008 casi representa la mitad del nivel obtenido durante 2007, lo que deja pensar que si continúa esa tendencia, la inflación durante 2008 será mayor que la del 2007.
Parte del problema de la inflación que llega a la Argentina es mundial, es urgente, y avanza rápido también sobre las economías de los restantes países de América Latina, sean estos exportadores o importadores de productos alimenticios y pone en tensión a sus sociedades.
Escépticos frente a las medidas que se puedan esperar desde las instituciones supranacionales como las Naciones Unidas para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, sólo resta la cooperación entre las naciones y políticas domésticas como la seguida mediante las retenciones y límites a las exportaciones que son dos de las pocas herramientas que el Estado tiene a mano hoy para resistir el doble acecho de las rentas extraordinarias y las presiones del mercado mundial.
Por Julián Barberis y Rafael A. Selva
Versión completa en http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/htmls/newsletter/revista11/Ciepyc_n11_nota2.pdf
lunes, 23 de junio de 2008
Entrelíneas de la Política Económica Nº 11 - Junio 2008
En la edición N°11 de la revista Entrelíneas de la Política Económica nos detenemos a analizar dos temas centrales en el marco del actual conflicto. Por un lado, pusimos el foco sobre lo que está sucediendo en el mercado financiero y cambiario en la actualidad. Por otro, estudiamos la situación de la inflación y los aumentos de precios de los alimentos en el mundo y en las economías de América Latina
jueves, 5 de junio de 2008
“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad
Todos los martes de 13 a 14
“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad
Ahora en formato radiofónico, “Espacio Económico”, un programa para entender los problemas económicos actuales.
Esta nueva propuesta del CIEPYC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación), se presenta con notas y entrevistas a especialistas en economía, y a representantes empresariales, gremiales, políticos y de la comunidad.
Para las empresas Pymes, además, se le dedicaran segmentos dirigidos a la difusión de las políticas públicas para el sector.
El CIEPYC, creado en junio de 2003 por la facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, tiene entre sus objetivos “contribuir al debate de ideas en pos del desarrollo del país”.
A este ideario se le suman la docencia, la investigación y la extensión universitaria; línea en la que se ubican “Espacio Económico” Radio y “Entrelíneas de la Política Económica”, revista digital del CIEPYC.
Cabe aclarar que en el año 2001 se puso al aire el primer programa “Espacio Económico” TV, ciclo que a lo largo de sus 169 emisiones convoco a destacadas personalidades del ámbito público y privado.
El ciclo que se inicia mañana, se emitirá en vivo todos los martes de 13 a 14, con la conducción de Edgardo Corroppoli y Gerardo De Santis, director del CIEPYC.
“Espacio Económico”, ahora en radio Universidad
Ahora en formato radiofónico, “Espacio Económico”, un programa para entender los problemas económicos actuales.
Esta nueva propuesta del CIEPYC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación), se presenta con notas y entrevistas a especialistas en economía, y a representantes empresariales, gremiales, políticos y de la comunidad.
Para las empresas Pymes, además, se le dedicaran segmentos dirigidos a la difusión de las políticas públicas para el sector.
El CIEPYC, creado en junio de 2003 por la facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, tiene entre sus objetivos “contribuir al debate de ideas en pos del desarrollo del país”.
A este ideario se le suman la docencia, la investigación y la extensión universitaria; línea en la que se ubican “Espacio Económico” Radio y “Entrelíneas de la Política Económica”, revista digital del CIEPYC.
Cabe aclarar que en el año 2001 se puso al aire el primer programa “Espacio Económico” TV, ciclo que a lo largo de sus 169 emisiones convoco a destacadas personalidades del ámbito público y privado.
El ciclo que se inicia mañana, se emitirá en vivo todos los martes de 13 a 14, con la conducción de Edgardo Corroppoli y Gerardo De Santis, director del CIEPYC.
martes, 3 de junio de 2008
DESEMPEÑO ECONÓMICO Y PRECIOS INTERNACIONALES. UN ANÁLISIS COMPARADO DE LAS PRINCIPALES ECONOMIAS DE LA REGION
El contexto internacional favorable es el argumento favorito de los economistas liberales para justificar el crecimiento de la economía argentina, sosteniendo que la región está evidenciando el mismo fenómeno. Sin embargo, cuando se analizan los datos de la región, se desprenden conclusiones son muy diferentes: nuestro país no ha sido de los más beneficiados por los precios internacionales, pero muestra un desempeño económico superlativo, desde cualquier indicador que se analice.
Esa es la conclusión a la cual arribamos en la edición número 10 de Entrelíneas de la Política Económica[1]. Partiendo de las mejoras de los términos de intercambio, como representativa del denominado efecto viento de cola, repasamos el desempeño económico de los países de la región (Mercosur más Chile y Bolivia), durante el período 2004-2007, para que la economía argentina no corra con la ventaja del extraordinario crecimiento que tuvo en los dos primeros años desde la crisis de 2001-2002.
El crecimiento de los términos de intercambio en el corto plazo fue dispar entre los países de la región y dependió de las diferentes especializaciones en la inserción internacional. Por ejemplo, los términos de intercambio de Chile (cobre) experimentaron un fuerte crecimiento del 50,7% (tres veces más que el promedio de América Latina) y en Bolivia (gas) un crecimiento de casi el 30%.
En el caso argentino, puede apreciarse una leve mejora del 7,5%, menos de la mitad del incremento promedio de toda la región. Esto corrobora que los precios de los productos agrarios (de mayor influencia en nuestras exportaciones) evidenciaron un crecimiento más moderado que los productos vinculados a la energía y los metales.
A pesar de este moderado crecimiento, Argentina presenta un incremento del PBI de casi 30%, casi el doble que Chile, Bolivia y Paraguay y más del doble que Brasil. El espectacular crecimiento muestra a las claras que el contexto internacional no es excluyente para explicar el crecimiento local y que existen factores intrínsecos al modelo que generan tal comportamiento; de lo contrario, Chile, Bolivia y Brasil hubieran captado un crecimiento del PBI mucho más alto que el evidenciado en Argentina.
Por el lado de la inversión, Argentina invierte el 24,3% del PBI, una cifra inédita para la economía argentina y para cualquiera de los demás países. Asimismo, el comportamiento en el corto plazo muestra que si bien todos los países incrementaron los niveles de inversión en términos del producto, en Argentina ese incremento quintuplicó el crecimiento evidenciado en Chile y Brasil, que tan sólo incrementaron la inversión en 1,3 y 1,5 puntos del PBI respectivamente.
En cuanto al mercado de trabajo las conclusiones son similares. Todos los países de la región evidenciaron crecimiento del empleo y reducciones en los niveles de desempleo abierto merced al crecimiento de la economía. Sin embargo, Argentina es el país de la región que más bajó la tasa de desocupación en los últimos tres años y el que mayor cantidad de empleos generó en el mismo período.
En términos de la diversificación de bienes exportables, Argentina logra un muy leve incremento en la participación de MOI en el total exportado (casi 3 puntos porcentuales) mientras que el resto de las economías, por el contrario, han profundizado la estructura tendiente a su especialización histórica de bienes primarios, a excepción de Paraguay. Esto constituye un doble mérito por parte del desempeño exportador argentino, principalmente porque los precios de los productos industriales han evidenciado en el período una desvalorización (caída de precios), lo que implica que la performance exportadora se vio fortalecida por incremento vía cantidades.
Nuestra hipótesis es que el esquema macroeconómico actual, de tipo de cambio diferencial para la industria y para el agro, es el que mayormente explica el formidable comportamiento de las variables macroeconómicas que hemos repasado aquí; mientras que, en contraposición, la economía argentina ha sido de las menos favorecidas en cuanto a los términos de intercambio. No todo es viento de cola en América Latina.
Esa es la conclusión a la cual arribamos en la edición número 10 de Entrelíneas de la Política Económica[1]. Partiendo de las mejoras de los términos de intercambio, como representativa del denominado efecto viento de cola, repasamos el desempeño económico de los países de la región (Mercosur más Chile y Bolivia), durante el período 2004-2007, para que la economía argentina no corra con la ventaja del extraordinario crecimiento que tuvo en los dos primeros años desde la crisis de 2001-2002.
El crecimiento de los términos de intercambio en el corto plazo fue dispar entre los países de la región y dependió de las diferentes especializaciones en la inserción internacional. Por ejemplo, los términos de intercambio de Chile (cobre) experimentaron un fuerte crecimiento del 50,7% (tres veces más que el promedio de América Latina) y en Bolivia (gas) un crecimiento de casi el 30%.
En el caso argentino, puede apreciarse una leve mejora del 7,5%, menos de la mitad del incremento promedio de toda la región. Esto corrobora que los precios de los productos agrarios (de mayor influencia en nuestras exportaciones) evidenciaron un crecimiento más moderado que los productos vinculados a la energía y los metales.
A pesar de este moderado crecimiento, Argentina presenta un incremento del PBI de casi 30%, casi el doble que Chile, Bolivia y Paraguay y más del doble que Brasil. El espectacular crecimiento muestra a las claras que el contexto internacional no es excluyente para explicar el crecimiento local y que existen factores intrínsecos al modelo que generan tal comportamiento; de lo contrario, Chile, Bolivia y Brasil hubieran captado un crecimiento del PBI mucho más alto que el evidenciado en Argentina.
Por el lado de la inversión, Argentina invierte el 24,3% del PBI, una cifra inédita para la economía argentina y para cualquiera de los demás países. Asimismo, el comportamiento en el corto plazo muestra que si bien todos los países incrementaron los niveles de inversión en términos del producto, en Argentina ese incremento quintuplicó el crecimiento evidenciado en Chile y Brasil, que tan sólo incrementaron la inversión en 1,3 y 1,5 puntos del PBI respectivamente.
En cuanto al mercado de trabajo las conclusiones son similares. Todos los países de la región evidenciaron crecimiento del empleo y reducciones en los niveles de desempleo abierto merced al crecimiento de la economía. Sin embargo, Argentina es el país de la región que más bajó la tasa de desocupación en los últimos tres años y el que mayor cantidad de empleos generó en el mismo período.
En términos de la diversificación de bienes exportables, Argentina logra un muy leve incremento en la participación de MOI en el total exportado (casi 3 puntos porcentuales) mientras que el resto de las economías, por el contrario, han profundizado la estructura tendiente a su especialización histórica de bienes primarios, a excepción de Paraguay. Esto constituye un doble mérito por parte del desempeño exportador argentino, principalmente porque los precios de los productos industriales han evidenciado en el período una desvalorización (caída de precios), lo que implica que la performance exportadora se vio fortalecida por incremento vía cantidades.
Nuestra hipótesis es que el esquema macroeconómico actual, de tipo de cambio diferencial para la industria y para el agro, es el que mayormente explica el formidable comportamiento de las variables macroeconómicas que hemos repasado aquí; mientras que, en contraposición, la economía argentina ha sido de las menos favorecidas en cuanto a los términos de intercambio. No todo es viento de cola en América Latina.
Por German Saller
[1]“Términos de intercambio y desempeño macroeconómico en Sudamérica”. Entrelíneas de la Política Económica n°10.
viernes, 30 de mayo de 2008
Régimen de acumulación y derechos de exportación: oportunidades, amenazas y desafíos
La rebelión fiscal de origen rural lejos de mostrar la inviabilidad del actual régimen de acumulación demuestra límites coyunturales que requieren cambios en el modo en que se regula el crecimiento. En la presente nota se analizan los rasgos centrales del actual modo de regulación y se trata de desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola.
Por Pablo Lavarello – Leonardo Perichinsky – Miguel Zanabria
Investigadores del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación – Universidad Nacional La Plata.
Fuente: Revista Entrelíneas Nº 10 – Mayo 2008
Publicado en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2401
Por Pablo Lavarello – Leonardo Perichinsky – Miguel Zanabria
Investigadores del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación – Universidad Nacional La Plata.
Fuente: Revista Entrelíneas Nº 10 – Mayo 2008
Publicado en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2401
jueves, 22 de mayo de 2008
Revista Entrelíneas de la Política Económica Nº 10
En la edición N°10 de la revista “Entrelíneas de la Política Económica” continua en el centro del debate el conflicto desatado a partir de la rebelión fiscal de origen rural. En la editorial se realiza un análisis que parte de preguntarse por los trasfondos de esta situación. Para avanzar en el entendimiento de la realidad actual del sector agropecuario se requiere repensar las nuevas formas de capitales financieros que se evidencia actualmente en el sector. Teniendo en claro esta nueva modalidad de operar del capital financiero es que podremos empezar a plantear algunas hipótesis (tentativas) de viejos y nuevos actores que parecen delinear una nueva lógica “rentista” en el sector. En la siguiente nota se discute el régimen de acumulación actual desde una óptica que intenta desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola. En la tercera nota se analiza el impacto de los precios internacionales sobre las principales economías de la región, para evaluar qué países han aprovechado mejor la actual coyuntura internacional. Por último, en esta edición inauguramos una sección con notas de invitados especiales. En este caso, Alejandro Otero, escribe sobre federalismo fiscal.
Ver edición completa en http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/
Ver edición completa en http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/
miércoles, 26 de marzo de 2008
Retenciones a los granos: cuando la historia cuenta
Las retenciones son el único instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco regulatorio e institucional del país. Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos. El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años ’90, dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los precios internacionales. En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado.
Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo de las cadenas agroindustriales diversificadas. Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “ordenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de Juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.
La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares, que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron desmantelados durante los años ‘90. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Campora. El resto de las funciones, mantenidas hasta los años ’90, fueron sin embargo cruciales para la organización del sector, y generaron importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así mejores precios frente a la industria. Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por manejo de precios en distintas épocas del año.
No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el desmantelamiento de las Juntas). Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones móviles.
Es interesante comparar esta actitud con la de los productores australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, quienes no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.
Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno frente a una historia de abandono del control democrático sobre el acceso a la alimentación y a la divisas. Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las entidades del campo son responsables. En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.
La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una posible reducción de los precios internacionales tras la desaceleración de la economía mundial. A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles generaron una disminución en el monto del impuesto.
Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por este cultivo. Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por otras producciones.
En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la descommoditización. Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de los representantes del campo en este camino. Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados.
Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas para los productores pequeños de las zonas marginales, Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:
1. Complementar las retenciones con transferencias directas a los productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos más allá de la soja. Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del impuesto.
2. Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre la rentabilidad de los pequeños productores. Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de los granos al productor. Institución que debe encarar una activa política estratégica de diferenciación de granos.
3. Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de los grupos concentrados.
4. Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como ganancias y bienes personales.
Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el apoyo de los pequeños y medianos productores. El 50% de la tierra está en manos de 5000 productores, sólo mil poseen el 33% de las hectáreas cultivables. El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores concentrados a la hora de venderle sus productos. La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.
Por CIEPYC
domingo, 16 de marzo de 2008
Política y retenciones
Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.
A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.
Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.
No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.
Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.
Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.
La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.
La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.
A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.
Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.
No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.
Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.
Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.
La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.
La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.
Por Marcelo Zlotogwiazda
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