Néstor Kirchner dejó un país menos desigual que cuando asumió pero no muy diferente en términos de equidad que a mediados de la convertibilidad. Tomando como parámetro el coeficiente de Gini (un indicador que en un extremo tiene valor cero si todos ganan lo mismo y en la otra punta vale uno si todo el ingreso lo concentra un individuo), el último dato elaborado por el Indec marca 0,49 para el primer trimestre de este año, mejor que el 0,55 de mediados de 2003, pero similar al coeficiente de 1996 y 1997. Es indiscutible que en este terreno se ha avanzado con demasiada lentitud. Y salvo minorías muy retrógradas, todo el resto coincide en que el Estado juega un rol clave para acelerar el paso en la redistribución.
Llegado a este punto, el primer problema que aparece es que el Estado tal como está resulta casi totalmente ineficaz. Según un estudio publicado el año pasado por tres economistas del Banco Mundial –Edwin Goñi, Humberto López y Luis Servén–, el coeficiente Gini antes de impuestos y beneficios sociales es sólo apenas un poco más elevado que el que surge tomando en cuenta la política fiscal (0,500 vs. 0,481 para el período considerado). En otras palabras, la acción del Estado atenúa la desigualdad muy levemente.
El trabajo titulado Reforma fiscal para la equidad social en América latina muestra que ésa no es una característica original de la Argentina sino común a toda la región: el cobro de impuestos y el gasto en beneficios sociales reduce el Gini promedio de América latina de 0,516 a 0,496, un recorte ínfimo.
Ese mismo estudio revela el contraste con el Primer Mundo. El Gini promedio de los quince países europeos más desarrollados es 0,459, que tras la intervención estatal con impuestos y transferencias baja a 0,311. Una caída de 15 puntos, que más que septuplica el mísero aporte de 2 puntos de los Estados latinoamericanos.
Es interesante notar que la desigualdad europea previa a la injerencia estatal no es significativamente menor que en América latina. Y en algunos casos se acerca mucho: Portugal tiene un Gini de 0,494, Dinamarca 0,486, Italia 0,475 y España 0,468; la diferencia está en que los impuestos y beneficios reducen el Gini a 0,381, 0,285, 0,374 y 0,348, respectivamente.
Es el Estado, estúpido
A primera vista, esos números desafían la idea de que la estructura productiva relativamente más concentrada y menos diversificada que en Europa es determinante en la explicación de la mayor desigualdad social. Una hipótesis incómoda y provocativa que merece análisis de expertos.
También cabe preguntarse sobre la causalidad. ¿Los Estados europeos aportan igualdad porque se trata de países desarrollados, o son países desarrollados porque, entre otras cosas, el Estado favoreció la equidad?
En todo caso, la meta del desarrollo requiere de un Estado diferente y una parte esencial de ese cambio pasa por la reforma tributaria. Tema al que está dedicado uno de los artículos del número de diciembre de la revista Entrelíneas que edita el Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Bajo el título Lineamientos para adaptar el sistema tributario al nuevo modelo económico, Alfredo Iñíguez y Rafael Selva sostienen que ahora están dadas las condiciones para encarar una reforma que sirva para “incentivar la acumulación productiva y morigerar las desigualdades que determina el mercado”. Muy resumidamente, la propuesta contempla para una primera etapa: eliminar las exenciones a las rentas financieras y bursátiles en Ganancias de las personas físicas; aplicar alícuota diferencial en Ganancias de las empresas a las utilidades no distribuidas para estimular la reinversión; gravar a todos los activos en Bienes Personales; reimplantar el impuesto a la herencia.
Plantean para más adelante un impuesto a la renta potencial de la tierra, gravar consumos de lujo con impuestos internos y alícuotas preferenciales a las ganancias de las micro y pequeñas empresas. En cuanto al IVA, supeditan cualquier rebaja (que sugieren sea más acentuada para una canasta básica) a que el Estado garantice el traslado a precios.
En el reportaje a este diario a fines de noviembre, la Presidenta dijo que “no hemos pensado en una reforma impositiva”. Pero su ministro de Economía dijo el domingo pasado que se debería ir en el sentido de gravar a la renta financiera con Ganancias y hacia una estructura más basada en Ganancias que en impuestos al consumo.
¿Confusión? ¿Indefinición? ¿Medidas aisladas en lugar de reforma? Habrá que ver.
Llegado a este punto, el primer problema que aparece es que el Estado tal como está resulta casi totalmente ineficaz. Según un estudio publicado el año pasado por tres economistas del Banco Mundial –Edwin Goñi, Humberto López y Luis Servén–, el coeficiente Gini antes de impuestos y beneficios sociales es sólo apenas un poco más elevado que el que surge tomando en cuenta la política fiscal (0,500 vs. 0,481 para el período considerado). En otras palabras, la acción del Estado atenúa la desigualdad muy levemente.
El trabajo titulado Reforma fiscal para la equidad social en América latina muestra que ésa no es una característica original de la Argentina sino común a toda la región: el cobro de impuestos y el gasto en beneficios sociales reduce el Gini promedio de América latina de 0,516 a 0,496, un recorte ínfimo.
Ese mismo estudio revela el contraste con el Primer Mundo. El Gini promedio de los quince países europeos más desarrollados es 0,459, que tras la intervención estatal con impuestos y transferencias baja a 0,311. Una caída de 15 puntos, que más que septuplica el mísero aporte de 2 puntos de los Estados latinoamericanos.
Es interesante notar que la desigualdad europea previa a la injerencia estatal no es significativamente menor que en América latina. Y en algunos casos se acerca mucho: Portugal tiene un Gini de 0,494, Dinamarca 0,486, Italia 0,475 y España 0,468; la diferencia está en que los impuestos y beneficios reducen el Gini a 0,381, 0,285, 0,374 y 0,348, respectivamente.
Es el Estado, estúpido
A primera vista, esos números desafían la idea de que la estructura productiva relativamente más concentrada y menos diversificada que en Europa es determinante en la explicación de la mayor desigualdad social. Una hipótesis incómoda y provocativa que merece análisis de expertos.
También cabe preguntarse sobre la causalidad. ¿Los Estados europeos aportan igualdad porque se trata de países desarrollados, o son países desarrollados porque, entre otras cosas, el Estado favoreció la equidad?
En todo caso, la meta del desarrollo requiere de un Estado diferente y una parte esencial de ese cambio pasa por la reforma tributaria. Tema al que está dedicado uno de los artículos del número de diciembre de la revista Entrelíneas que edita el Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Bajo el título Lineamientos para adaptar el sistema tributario al nuevo modelo económico, Alfredo Iñíguez y Rafael Selva sostienen que ahora están dadas las condiciones para encarar una reforma que sirva para “incentivar la acumulación productiva y morigerar las desigualdades que determina el mercado”. Muy resumidamente, la propuesta contempla para una primera etapa: eliminar las exenciones a las rentas financieras y bursátiles en Ganancias de las personas físicas; aplicar alícuota diferencial en Ganancias de las empresas a las utilidades no distribuidas para estimular la reinversión; gravar a todos los activos en Bienes Personales; reimplantar el impuesto a la herencia.
Plantean para más adelante un impuesto a la renta potencial de la tierra, gravar consumos de lujo con impuestos internos y alícuotas preferenciales a las ganancias de las micro y pequeñas empresas. En cuanto al IVA, supeditan cualquier rebaja (que sugieren sea más acentuada para una canasta básica) a que el Estado garantice el traslado a precios.
En el reportaje a este diario a fines de noviembre, la Presidenta dijo que “no hemos pensado en una reforma impositiva”. Pero su ministro de Economía dijo el domingo pasado que se debería ir en el sentido de gravar a la renta financiera con Ganancias y hacia una estructura más basada en Ganancias que en impuestos al consumo.
¿Confusión? ¿Indefinición? ¿Medidas aisladas en lugar de reforma? Habrá que ver.
Por Marcelo Zlotogwiazda
La política económica de tipo de cambio alto desde enero de 2002 generó una elevada rentabilidad para el sector agropecuario, que a su vez fue alimentada por el fuerte aumento en los precios internacionales de los bienes agrícolas. De acuerdo con un trabajo del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc) realizado en junio de 2007, la rentabilidad del sector fue en promedio (2002-2006) un 40 por ciento superior a los últimos cuatro años de la convertibilidad. Incluso, debido al comportamiento de los precios de las commodities durante los dos primeros años de vigencia del nuevo esquema macroeconómico, los márgenes de ganancia del sector agrícola promediaron niveles 50 por ciento superiores que los de la convertibilidad, llegando a picos en donde superaron el 80 por ciento.
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